¿Usa agua para su cultivo? Asegure su inversión y producción con una autorización legal en Ecuador.
Si usted es propietario de un terreno, agricultor o empresario y utiliza agua de un río, manantial, pozo o cualquier otra fuente para su producción, existe una alta probabilidad de que esté incurriendo en un incumplimiento legal sin saberlo. En Ecuador, el acceso al agua es un derecho humano, pero su uso productivo requiere una autorización emitida por el Estado.
Esta normativa, anclada en la Constitución de la República de 2008, establece que el agua es un bien público, inalienable e imprescriptible, lo que significa que no puede ser privatizada ni poseída por nadie. Su gestión debe ser “exclusivamente pública o comunitaria”, lo que prohíbe explícitamente cualquier forma de delegación al sector privado o acuerdos comerciales basados en el lucro.
En lugar de ser un bien privado, el Estado otorga un permiso temporal y revocable, denominado "autorización", para que usted pueda aprovechar este recurso de forma legal. Este cambio del antiguo sistema de “concesiones”, que a menudo generaba la percepción de un derecho casi perpetuo, busca centralizar el control del Estado y asegurar que el recurso esté siempre al servicio del interés público.
¿Por qué es crucial tener esta autorización?
El sistema legal ecuatoriano no toma a la ligera el uso del agua. La falta de una autorización legal no es solo un formalismo, es un riesgo directo para la estabilidad y viabilidad de su negocio:
Evita sanciones severas: El uso no autorizado de agua puede acarrear multas considerables, que varían según la gravedad de la infracción. En los casos más serios, la autoridad puede imponer la suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva del permiso de uso.
Asegura su operación: La falta de un permiso oficial deja su producción vulnerable a conflictos con otros usuarios o a restricciones impuestas por la autoridad en tiempos de escasez. Si utiliza infraestructura pública de riego, la ley le obliga a contribuir a su mantenimiento y conservación.
Garantiza el orden de prelación: La ley establece una estricta jerarquía de uso del agua que prioriza el consumo humano, seguido del riego para la soberanía alimentaria, luego el caudal ecológico y, finalmente, otras actividades productivas. Contar con su autorización asegura que su uso está registrado y reconocido dentro de este sistema, dándole seguridad jurídica frente a la competencia y a la planificación estatal.
El ecosistema institucional: ¿Quién gestiona el agua en Ecuador?
La gestión del agua es una responsabilidad compartida entre varias entidades estatales:
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE): Esta es la Autoridad Única del Agua y la máxima responsable. Sus funciones incluyen la planificación hídrica a nivel nacional y el otorgamiento de las autorizaciones.
Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA): Esta agencia es la encargada de fiscalizar el uso del agua y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento de la normativa.
Si utiliza agua de forma productiva para su cultivo, necesita tramitar este permiso. El proceso se gestiona directamente a través del MAATE. Aunque la Ley de Recursos Hídricos fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en 2022 y está a la espera de una nueva legislación, la normativa actual sigue vigente de forma provisional. Esto hace que asegurar sus permisos sea la mejor estrategia para adaptarse a los futuros cambios en el marco legal.
El complejo y cambiante marco legal del agua en Ecuador representa un riesgo significativo para su producción. Para evitar sanciones, conflictos y garantizar la continuidad de su inversión, la proactividad es indispensable.
En Legal Agro, somos sus aliados estratégicos para navegar este sistema y asegurar la legalidad de sus operaciones. Agende una cita con nuestros expertos hoy mismo y tome el control de su seguridad jurídica e hídrica.